Derecho Internacional


Derecho Internacional, introducción


Lo primero a decir sobre el Derecho internacional es que es un campo relativamente caótico, entiéndase por eso “complejo” porque lo que lo une no es un “corpus” sistematizado sino una característica: las relaciones internacionales. Sean multilaterales o bilaterales.

La complejidad de las relaciones jurídicas en ese campo viene dada por lo dicho anteriormente y por la mezcla de campos, desde acuerdos políticos o tratados entre Estados a litigaciones entre particulares; pasando por campos como el penal, en el cual mucho influye la relación interestatal –por ejemplo que haya acuerdo o no de extradición-.

La necesidad de vincular jurídicamente las relaciones entre nacionales y extranjeros ya fue comprendida por el derecho romano, así, el “ius gentium” –el derecho de gentes-, cuyos casos estaban bajo la jurisdicción de un pretor, organizaba las relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros, así como las de extranjeros entre sí en suelo romano.

Después, posiblemente, haya sido el derecho comercial internacional el que, igualmente debido a sus propias necesidades, ha ido organizándose.

El penal depende mucho de las relaciones o convenios bilaterales que permitan la extradición o no, que normalmente se solicita a través de una comisión rogatoria –medio por el cual también pueden solicitarse otro tipo de cosas-.

Los pleitos civiles dependen puramente de cuestiones jurisdiccionales, por eso, en el mundo de Internet, por ejemplo, se especifica muchas veces bajo que derecho y jurisdicción se acoge tal o cual página o sitio web.

Y así llegamos a lo que posiblemente se entienda más comúnmente como “derecho internacional” y el que más cuesta aceptar por los Estados –porque implica cesión tanto de jurisdicción como de soberanía- se trata del derecho internacional político/penal, baste recordar la dificultad para la creación y las resistencias en relación en la aceptación de la Corte Penal Internacional.




Los juicios de Nuremberg y la Convención de Ginebra


El más claro antecedente –así como precedente- puede encontrarse en los juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, que, a su vez, no salen solo de la victoria aliada sino que también son una derivada de ciertas convenciones previas y jurídicas que fueron abriendo camino en esa dirección, por ejemplo, la famosa convención de Ginebra.

Existen diversas convenciones de Ginebra, su objetivo era “humanizar la guerra”, y su inspirador es el mismo que el fundador de la Cruz Roja, Jean Henry Dunant, la primera Convención data de 1864, pero se ha ido revisando sucesivamente, en 1906, 1929, 1949 a esta última revisión deben añadirse dos protocolos de 1977 y uno, bastante reciente, del años 2005- 

Los protocolos de 1977 se centran en las víctimas de los conflictos armados, sean nacionales o internacionales. Al derecho internacional surgido de estos convenios se le llama Derecho Internacional Humanitario y, teóricamente, vincula a los estados signatarios de los convenios.

Sobre estas bases y con el precedente de Nuremberg –no desconectado pero un poco “por libre” en relación al convenio vigente durante la Segunda Guerra Mundial, que era el de 1929- se van proyectando ciertas iniciativas con vistas a unificar criterios de intervención jurídica internacional en asuntos conflictos que se consideren crímenes de guerra o de lesa humanidad. Este criterio influye en distintas legislaciones nacionales, sin ir más lejos aparece en la legislación española y en la propia Constitución de la Nación, implícitamente en el artículo 10.2, que dice “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” y, en concreto, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).



Tribunal Contitucional en Madrid (España)
              

Poder Judicial
 
En ese sentido son significativos los siguientes artículos de la LOPJ:
Artículo 23:
1. En el orden penal corresponderá la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte.
2. Asimismo conocerá de los hechos previstos en las Leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
  1. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.
  2. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles.
  3. Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este ultimo caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
Y en el punto cuarto del mencionado artículo también se indica:
Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley española, como alguno de los siguientes delitos:
  1. Genocidio y lesa humanidad.
  2. Terrorismo.
  3. Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
  4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.
  5. Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
  6. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
  7. Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
  8. Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.
Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.”
Debe decirse que el artículo se expone en su redacción actual, ya que fue modificado por sendas leyes orgánicas, de 2007 y 2009. La modificación se realizó en un sentido restrictivo de la jurisdicción de los tribunales españoles en asuntos internacionales, facultando la anterior relación un ancho margen para la interpretación jurisdiccional y, acotando, en la actualidad, dicho margen a partir de una casuística condicional –en función de unos requisitos- y concreta.

No obstante, el margen, sigue siendo amplio, y el Título XXIV del Código Penal español está dedicado por entero a los delitos contra la comunidad internacional, cosa que, obviamente, faculta a los tribunales españoles a establecer su jurisdicción en tales asuntos, sea con más o menos requisitos.

El precedente de los tribunales penales internacionales, como se ha dicho, fue el de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, en cierta medida la evolución jurídica de este tipo de tribunales penales ha sido más consitudinaria que codificada, eso ha hecho que se fuesen creando una serie de tribunales “ad hoc” que han entendido posteriormente de ciertos casos, así se creó uno para la ex Yugoslavia y otro para el conflicto de Ruanda.


Corte Penal Internacional

A partir de aquí surgió la idea de la creación de una Corte o Tribunal Internacional que entendiese de los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con no pocas dificultades y excepciones –recordemos que este tipo de Corte o Tribunal implica teóricamente cesión de soberanía por parte de los firmantes- se creó el mismo por el Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, Estados Unidos e Israel firmaron pero no ratificaron el tratado. En 2010 se agregó a las competencias del Tribunal el crimen de agresión.

El tribunal tiene relación con las Naciones Unidas pero, en sentido estricto, no forma parte de las mismas sino que es órgano independiente.

La formación de la Corte es la que sigue: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro, dos oficinas que son la Oficina del Abogado Público para Víctimas y la Oficina del Abogado Público para la Defensa, y, finalmente, un Fondo de ayuda para las víctimas.

Debe hablarse también de la Asamblea de Estados Partes, órgano independiente de la Corte Penal Internacional, pero que es el encargado de las innovaciones o modificaciones legislativas respecto a las materias a tratar por el Tribunal. Digamos que es el legislativo –o ejerce esa función- de la Corte Penal Internacional.

Como se ha dicho, tanto la creación como el funcionamiento del Tribunal no ha estado exento de problemas, su intervención suele ser vista con prevención e incluso como intrusión por los afectados –lógicamente cabe entender aquí a la parte denunciada, no al denunciante-, no obstante lo anterior la Corte va funcionando y 110 países se han adherido al Estatuto de Roma.

Debe diferenciarse adhesión al Estatuto de Roma y ratificación –ya se ha dicho que Estados Unidos e Israel hicieron una cosa pero no la otra-. Esa distinción es la que hizo que se retrasase por cuatro años la materialización del Tribunal prevista en el Estatuto, porque se precisaba para ello un alto “quórum” de ratificaciones, eso sucedió en 2002 cuando se alcanzo la cifra de sesenta países que lo habían ratificado.

Jorge Romero ©

Nota del editor del blog:

Jorge Romero Gil es licenciado en Geografía e Historia (especialidades en Historia Antigua y Geografía Humana), doctorado en Geografía por la Universitat de Barcelona, y licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya. Apasionado de la Filosofía y colaborador habitual en medios de divulgación cultural.


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