Día Internacional contra la corrupción y los casi 20 años de prisión para el Duque de Palma

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Los casi 20 años de años de cárcel que el fiscal anticorrupción solicita para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por sus presuntos delitos de estafa empresarial y uso indebido de fondos públicos han coincidido con el día internacional para promover las políticas contra la corrupción que la ONU instauró el 9 de diciembre de cada año. Ese día fue sugerido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para que todas las naciones miembros promocionasen la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción con medidas legislativas eficaces en sus respectivos estados.

En España muchos analistas acusan al sistema jurídico de ser muy garantista (entre otras características garantiza los derechos de los acusados con el “poder del recurso” casi ilimitado) y por eso el proceso a Urdangarin, cuñado del actual monarca Felipe VI, se ha dilatado en el tiempo por tantos recursos, vistas e informes. Quizás (y es un suponer) si se hubiese juzgado con mayor rapidez y en otro momento, la pena posible al duque de Palma no habría sido tan elevada en años y sí en cuantía (multas) económica. La alarma social por los elevados índices de corrupción a todos los niveles que padece el Estado español está, sin duda,  detrás de una probable condena de cárcel de casi dos décadas.

El fiscal Pedro Horrach del 'caso Nóos' pide para el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, 16 años y 6 meses de cárcel. Aunque para la esposa de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina de Borbon, el fiscal solamente ha exigido el pago de una multa algo superior al medio millón de euros, cantidad ridícula si la comparamos con lo que las empresas del matrimonio pudieron, supuestamente, defraudar de los fondos públicos. Sólo la acusación particular de los abogados de “Manos Limpias” pide años de prisión para la infanta, lo que hace de este caso otro debate polémico entre la opinión pública.



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La sensación de impunidad sobre sus actos que ciertas personas tienen en el seno de la sociedad española es visto con resignación por unos y, por qué no decirlo, con normalidad por otros. Existen generaciones de personas mayores educadas en la dictadura franquista que encuentran normal un trato de favor sobre las personas que gozan de autoridad o de prestigio social, sin importar cómo se ha adquirido o por qué se tiene esa consideración privilegiada sobre el resto. No exagerado cuando digo que les incomoda ver juzgada o condenada a una hija del rey Juan Carlos, persona de su generación ligada a sus memorias históricas y cívicas.


Por eso, declaraciones como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción inciden en afrontar las luchas anticorrupción desde la raíz de la educación en valores cívicos. Y en España el gobierno conservador del PP lo primero que hizo en su reforma educativa fue eliminar la asignatura de ‘Educación para la Ciudadanía’; medida poco inteligente, cuando hasta editoriales de línea religiosa (SM) trabajaron de forma excelente esta asignatura tan necesaria en el currículum escolar español.

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