Sangre, sudor y lágrimas...


En realidad esas no son las palabras exactas del Premio Nobel de Literatura y político clave del siglo XX, Sir Winston Churchill, pero se han quedado como coletilla o frase hecha para referirnos a algo imposible de realizar pero que se debe hacer. Churchill se pronunció diciendo algo parecido en un discurso en la Cámara del los Comunes, el parlamento británico, en plena Segunda Guerra Mundial y con un Reino Unido bombardeado y acosado por la Alemania Nazi. Sus palabras eran parte del discurso programático de su partido, porque aunque el país vivía, obviamente, una situación excepcional, se pretendía mantener la normalidad democrática, los debates parlamentarios y la toma de decisiones del gobierno y la legislación debían seguir su curso habitual, propio de una democracia. 

En las democracias que componían el bando Aliado no se dieron prerrogativas autoritarias a los dirigentes, siguió, dentro de la excepcionalidad del momento, el control parlamentario a sus acciones. A lo sumo se aprobaron decretos y leyes en el ámbito jurídico militar, como la pena de muerte en casos de traición a la patria, espionaje o sabotaje, ya que se estaba viviendo en tiempos de sinrazón bélica. Estas medidas se acomodaron, posteriormente, a las leyes fundamentales y constituciones de las democracias. España, por ejemplo, contempla en su Constitución de 1978 la pena de muerte en caso de guerra.


En el asunto al que nos vamos a referir existe una cierta relación entre ese “sangre, sudor y lágrimas” histórico, y la acción política llevada a cabo por un gobierno democrático ante un ataque terrorista. Nos referimos a la reacción de la administración Bush a los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por el grupo terrorista integrista islámico, Al Qaeda. El presidente Bush consideró los atentados como un acto bélico. Era la primera prerrogativa necesaria para acumular más poder, autoritarismo, y para dar a las respuestas de su administración a ese ataque (excepcional, hay que reconocer)la imprescindible base legal en una democracia… y en un mundo que se había dado una legislación basada en los derechos y libertades democráticas, un derecho internacional con la carta de las Naciones Unidas como principal referencia.

Podría parecer que los ciudadanos de Nueva York y de Washington eran víctimas comparables a los londinenses de 1940-45 que sufrieron los constantes bombardeos de los aviones alemanes (igual que los berlineses de los aviones aliados). Podría, pero no era así. Las víctimas del 11-S no fueron provocadas por un ataque de un estado enemigo, al que previamente (así se hizo hasta la II Guerra Mundial) se le había declarado la guerra. La declaración formal de guerra era algo más que un detalle diplomático, era lo que daba a los estados contendientes, una vez acabada la guerra, siendo vencedor o vencido, legitimidad para participar en un tratado o firma de paz.

La administración Bush y su reacción, la operación “Libertad Duradera”, apoyada internacionalmente por otros gobiernos, fue una respuesta militar a unos actos terroristas. En efecto, comenzó una guerra por prevalecer los tratamientos que del Derecho Internacional se dieron de manera interesada, más que un conflicto armado en un espacio geográfico entre los ejércitos de dos o más estados. El principio de “legitima defensa”, estipulado para los casos bélicos, fue introducido, por primera vez, para reaccionar ante el fenómeno de terrorismo “global” practicado por Bin Laden y su organización.


La visión y la forma de actuar de los estados y sociedades frente al terrorismo comenzaban a marcar una época. Visiones sobre el terrorismo que seguiremos analizando en Pax augusta.





Comentarios