El servidor público y la política


Es muy alarmante que se acabe haciendo ver a la opinión pública que actitudes de corrupción, favoritismo y nepotismo desde las instancias públicas o semiprivadas (el campo de la asesoría política, por ejemplo) eran algo natural, normales en una coyuntura de bonanza económica. Es aberrante justificar unos pagos en sobresueldos porque esas personas abandonaban sus “brillantes” y lucrativas carreras empresariales para sacrificarse por el bien común y el servicio público, por lo que, siguiendo esa lógica materialista, debían ser compensados con otros ingresos porque los (elevados) sueldos de los cargos políticos eran insuficientes... pero, ¿nos han visto cara de imbéciles? 

Primero y, quizás, último; el servidor público debe ser vocacional o cuando menos honesto cuando se ha llegado por motivos laborales a ejercer esta función. En política más que en ninguna otra actividad pública esa vocación de servicio es necesaria y, en mi opinión, no debería ser más remunerada que otros funcionarios de escala superior, por ejemplo, si consideramos que la tarea política conlleva altas responsabilidades, como lo es dirigir un hospital o una universidad (pública). 

Si quieren enriquecerse o prosperar económicamente, que sigan (respetando la ley) en sus empresas o negocios. Eso de querer reclutar a los mejores y por eso se les debe “pagar bien” es ridículo. El mejor servidor público es aquel que, precisamente, ofrece sin grandes contrapartidas sus facultades y virtudes al bien común. Y no hablo, exactamente, de funcionarios públicos de carrera; mis reflexiones se ocupan del olvidado deseo que se debe constatar por servir a la comunidad en cada voluntario y voluntaria que accede al servicio público. 

Desde épocas remotas y en todas las culturas se ha dado el servicio público. En la Roma antigua encontramos en los documentos históricos acciones de servidores públicos, ocupados en tareas que repercutían en los espacios públicos, compartidos en la urbe. Sin embargo, también la Historia nos diría que la política ha servido para medrar socialmente y en consecuencia, enriquecerse. El concepto de servicio o prestaciones públicas debe entenderse como prerrogativa de los poderes políticos (públicos) y su definición más precisa (jurídica) es muy reciente, a caballo entre los siglos XIX y XX cuando una escuela de juristas franceses consagraría el término. 

El líder de esta escuela, León Duguit (1859-1928), defiende desde una perspectiva social y finalista la noción de servicio público como justificación misma del poder del Estado. “La actuación de este último sólo se legitimaría en la medida en que satisficiera necesidades públicas y pudiera ser calificada como «servicio público».” (nota tomada de enciclopedia jurídica) Era una concepción con carga filosófica, pero que ha conformado jurídicamente la estructura del actual Estado social.

La política es la actuante dentro de los poderes públicos y en el deber de estos últimos está garantizar la prestación de los servicios esenciales para la comunidad; y el político, en democracia, debe ser más que nada un servidor público. Eso no admite sobresueldos.

Fuente de la fotografía: Lumière

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