A 20 años sin mili en España, breve historia de la objeción de conciencia

 

Reclutas del año 1988 en el CIR de Cáceres. Era el acuartelamiento principal de instrucción militar del Ejército de tierra en España. Se calcula que desde su inauguración en 1964 hasta la desaparición de la mili en 2001 pasaron por este campamento más de medio millón de españoles.
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 Este año 2021 se han cumplido dos décadas del fin del Servicio Militar Obligatorio, la conocida Mili, en España. Una formalidad obligada a todo varón mayor de edad desde que en 1812 la Pepa, la Constitución promulgada el 19 de marzo de ese año, estableció por primera vez en las Españas el servicio militar universal y obligatorio. Se establecía en su artículo 9: «Está asimismo obligado todo español a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley». Antes las milicias habían sido voluntarias o forzadas en levas por necesidades concretas. Como fue el caso de los Tercios de recluta siempre voluntaria para las guerras en Flandes o el reclutamiento que hizo el primer rey Borbón, Felipe V, con el sistema traído de Francia de los Quintos, un sorteo que obligaba ir a milicias a uno de cada cinco jóvenes de los municipios del reino, en la guerra de sucesión desde 1704 contra el archiduque Carlos de Austria.

Pero a los veinte años del fin de la mili en España queremos poner el foco en el «reverso» de esta historia del servicio militar obligatorio, en uno de los factores sociales y cívicos que más influyó en su supresión: la objeción de conciencia. En el caso español debemos fijarnos en los primeros años de la transición a la democracia. Sería pronto, en enero de 1977, que surge el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC). Aglutinó a varios colectivos regionales y locales de carácter antimilitarista, pacifista y partidarios de la no-violencia; animados a hacerse más visibles, dejando la clandestinidad de sus reivindicaciones nada más morir el dictador. Su presión social fue tan determinante que el gobierno de Adolfo Suárez intentó establecer un decreto ley básico. Resultó insatisfactorio para los cada vez más objetores de conciencia y se optó por dejar en el limbo tanto legal como judicialmente a esos jóvenes, hasta que se diera una nueva regulación.  

No llegaría hasta diciembre de 1984 que se aprueba la llamada Ley de Objeción de Conciencia (LOC). Pero el debate político y su relevante incidencia en la vida social del país hizo que su tramitación fuera tan tortuosa y lenta que no se llegó a aplicar en plenitud, con la práctica de la 'prestación social sustitutoria', hasta 1989. Eso provocó que muchos de los potenciales reclutas que se habían declarado objetores de conciencia desde finales de los años setenta ni siquiera llegarían a hacer esa «prestación obligada» que sustituyó a la mili. Incluso, ese servicio civil sustitutorio también causó el rechazo de los más radicales objetores, incrementándose en el movimiento objetor los llamados insumisos. 

Uno de los carteles utilizados por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC)

En el colectivo objetor de conciencia se encontraban perfiles de todo tipo. Desde los Testigos de Jehová por razones religiosas, hasta los convencidos activistas de la no violencia. Pasando por el ciudadano medio al que por meras cuestiones personales consideraba una pérdida de tiempo dedicar un año de su vida al servicio militar. Los jóvenes de esas primeras décadas de la democracia se encontraban con la tesitura de elegir entre esperar al sorteo que les destinaba a filas o realizar un servicio social sustitutorio. La prestación social encima era más tiempo y nunca quedaban claros los servicios a los que serían obligados. Si sociales, como si fueran agentes cívicos, de tipo sanitario o incluso operarios de mantenimiento urbano como limpieza o jardinería. A muchas personas que tenían verdadera vocación antimilitarista les pareció la prestación un chantaje contra su honesta objeción de conciencia. 

De esta manera, dentro del colectivo de objeción de conciencia, la postura del insumiso cobraría ahora liderazgo en el movimiento. Centenares de ellos -insumisos- se presentaban voluntariamente en los juzgados, sabiendo la mala imagen que causaba para un gobierno (el socialista de Felipe González) las detenciones en masa. Al final el Estado detenía a los «más radicales», que no solían sobrepasar la decena, y dejaba al resto en una situación ambigua, de espera judicial. Sería una estrategia empleada para conseguir cambiar su estatus de la jurisdicción militar a la civil. Algo conseguido en 1991 con la Ley de Servicio Militar. Se intentó con esta legislación contentar tanto a la sociedad, cada vez más simpatizante con los insumisos, como a los diversos colectivos políticos-sociales contrarios a la mili. Los casos pendientes se pasaron a jurisdicción civil y el servicio militar se acortó a los nueve meses. 

Se dieron casos de jueces influidos por el parecer de la opinión pública que sentenciaron condenas inferiores al año para que los objetores e insumisos no entrasen en prisión. Llegando al cambio de gobierno, tras catorce años de administración socialista, en 1996 con el triunfo del PP de José María Aznar. En los acuerdos para su investidura como presidente acordó con los nacionalistas catalanes de CIU que la mili se haría mixta, obligatoria y profesional voluntaria, hasta que fuese únicamente constituida por  profesionales al final de la legislatura. El interés del partido catalán por acabar con el servicio militar se basaba en el gran apoyo que tenía esa medida entre los jóvenes de Cataluña, lugar con mayor número de objetores e insumisos de España. 

Y llegaríamos al «histórico» marzo de 2001 cuando Federico Trillo, Ministro de Defensa en ese tiempo, pronunciaba una también histórica frase: “Señores, se acabó la mili”. En diciembre de ese mismo año se ratificaba la supresión de la mili, el servicio militar obligatorio que había durado casi doscientos años en nuestro país. 

Gustavo Adolfo Ordoño ©

Historiador y periodista