Blackwater. La privatización de la guerra

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Los métodos de Blackwater (actualmente Academi) empleados en Irak eran trágicamente expeditivos. El 16 de septiembre de 2007, en la concurrida plaza Nisur de la capital Bagdad, según diversas fuentes que incluyen a fuerzas policiales, los trabajadores de Blackwater, durante una de sus habituales misiones de protección de autoridades y personal de la embajada de EE.UU. en Irak, abrieron fuego indiscriminadamente sobre la población civil que circulaba en las inmediaciones del lugar. El resultado final se saldó con diecisiete civiles muertos, entre ellos mujeres y niños. Los vehículos de Blackwater abandonaron la zona sin ni siquiera comprobar las bajas causadas ni recopilar información que pretendiese dar algo de cobertura a la matanza que había tenido lugar. A partir de este incidente, el periodista Jeremy Scahill escribe: Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo (Ed.Paidós, 2008), una investigación documentada y rigurosa sobre una de las compañías de seguridad más influyentes e importantes de EE.UU.

La imagen de los cuatro contratistas estadounidenses muertos en Faluya (Irak) el 31 de marzo de 2004 dio la vuelta al mundo. Detrás de aquellas escenas de horror, de cuerpos mutilados y exhibidos públicamente para escarnio colectivo de las audiencias televisivas norteamericanas, ponían al descubierto una de las mayores empresas de seguridad privada de EE.UU. que actúa en muchos de los principales escenarios internacionales de conflicto. En realidad, no se trataba de cuatro contratistas civiles muertos a manos de la turba enfurecida iraquí. Se trataba de cuatro “trabajadores” de Blackwater, una de las principales empresas de seguridad privada beneficiada por los suculentos contratos obtenidos de la administración Bush para operar en el país árabe. Es esta fecha cuando la compañía, radicada en Carolina del Norte, salta a la palestra pública y se empieza a cuestionar sus procedimientos empresariales y la actuación de sus “guardias de seguridad”. Aunque sería más correcto referirse a ellos como paramilitares o mercenarios.

En su investigación, Scahill desarrolla una documentada y amplia narración que trata de ahondar en todos los componentes que constituyen el complejo entramado de Blackwater, una de las empresas más poderosas de los EE.UU. post – 11S. Así, desarrolla las implicaciones ideológicas de su fundador y principal mentor, Eric Prince, industrial vinculado a las fuerzas especiales de la marina estadounidense (los famosos SEAL), hombre de fuertes convicciones ultraderechistas y radicalmente católicas, lo que Scahill denomina “teoconservadores”, que con su fortuna y su influencia social, política y mediática fue uno de los principales impulsores de la llamada Revolución Republicana de 1994. Pero igualmente muestra los lazos que desde la empresa se trazan en los complicados vericuetos que dominan la política en torno a la Casa Blanca asegurando los sustanciosos contratos para la compañía generándole desde el año 2000 unos beneficios que el Congreso de EE.UU. cifra en un ocho mil por cien, como aseguraba el propio autor en una entrevista concedida a Óscar Abou – Kasem para el diario Público el 5 de mayo de 2008.  


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Según recogía Lourdes Heredia para BBC Mundo (en fecha de 2 de octubre de 2007), Blackwater “se ha visto involucrada en 195 incidentes con armas desde 2005” y de ellos, en un ochenta por ciento de los casos fueron los “empleados los primeros en disparar”. Sin embargo, es necesario tener en cuenta, como bien se repite en el libro, que la compañía actúa fuera de cualquier legislación civil o militar que pueda poner en tela de juicio sus métodos. Y por encima de cuestiones morales o, simplemente, judiciales, los responsables de Blackwater y sus hombres de confianza en los enrevesados círculos de la política de EE.UU. tienen en mayor consideración la beneficiosa apertura de un nuevo y lucrativo mercado de negocio que cualquier otra cuestión de orden ético o legal.

Una de las principales amenazas descritas insiste en las consecuencias, después de entrever sus posibles causas, de la llamada “privatización de la guerra”. Desde antes de los atentados contra el World Trade Center de Nueva York ya existían amplios sectores vinculados al Gobierno del país y a elementos de la defensa (ejército, servicios de inteligencia, grupos de presión, industria militar) que abogaban por un rápido proceso de privatización de todos los asuntos derivados de la poderosa maquinaria bélica generada por uno de los países más poderosos del ámbito internacional en cuestión militar. Entre los mentores de esta nueva forma de entender la guerra como un bien a comercializar al mejor postor se encontraban personajes de la talla de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa entre 2001 y 2006, o Dick Cheney, vicepresidente de los EE.UU. entre 2001 y 2009. 

Son evidentes los múltiples interrogantes suscitados por la deriva de la política militar de Washington y su vertiginosa inclinación a la privatización de una cuestión tan delicada. Más considerando los sucesivos anuncios de estas empresas para intervenir tanto en asuntos internacionales, como la crisis de Darfur, como en otros internos, véase el caso de Nueva Orleans tras el paso del Katrina. El trabajo de Scahill pone el acento en estas turbias cuestiones y nos recuerda la debilidad de ciertos conceptos, como el de democracia o el de estabilidad internacional, cuando estos asuntos recaen en manos de determinados individuos y empresas o corporaciones basadas en radicales teologías neoliberales faltas de escrúpulos y moral.

Luis Pérez Armiño ©

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