La Constitución de 1978, a punto de cumplir cuarenta años con el "café para todos"

Papeleta original del Referéndum con el Sí a la Constitución de 1978

La Constitución vigente de 1978 está a punto de cumplir los cuarenta años. En principio, echando una mirada a nuestro alrededor europeo, podría parecer una Ley de leyes bastante joven. La Constitución italiana, de la que se inspira en muchos títulos, tiene treinta años más, cumplirá setenta también en breve. Aun así, para muchos políticos y ciudadanos, resulta obsoleta para afrontar según qué cuestiones. No llega al medio siglo y se lamentan de que su cuerpo normativo no es suficiente en asuntos tan esenciales como la organización territorial del Estado. Culpan a la normativa suprema de un Estado de no encajar en la conformación del mismo. Una paradoja que ha supuesto los peores tiempos para la Constitución española, tanto que ha llegado a plantearse su profunda reforma.

Que la Constitución de 1978 no sirva para construir una sólida organización territorial es una contradicción más confusa aún que la mera formulación de esa crítica. Confusión que no ayuda a analizar desde las dudas, que toda paradoja plantea, el verdadero calado del problema. A mi modo de ver es algo engañoso echar las culpas a la Ley Suprema de una sociedad del desajuste en su modelo territorial como Estado. La Constitución de 1978 pudo ser otra muy diferente. Como hemos contado en Pax augusta, se planteó en un borrador que nunca llegó a salir a la luz una normativa mucho más técnica y menos "emocional" que la vigente. Nos referimos a la que pudo llamarse 'Constitución de Gades'.

Las Cortes de Cádiz celebraban la Constitución de 1812 en una pintura de Salvador Viniegra (1862-1915)

Y no, no se hubiese llamado Gades por homenajear a la 'Constitución gaditana de 1812', madre de todo nuestro constitucionalismo, sino por el bailarín de flamenco, Antonio Gades, que era el propietario del restaurante donde un grupo de burócratas y tecnócratas se reunía preparando un borrador de Constitución por mandato del presidente Suárez. La normativa ideada tenía el carácter técnico y pragmático de sus autores, dirigidos por el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Otero Novas. La satisfacción por el buen trabajo realizado se regaba con buen vino español y largas tertulias de café a los postres. Otero Novas y sus juristas estaban satisfechos sobre todo con la parte que articulaba la organización de territorios del Estado español. La idea era dar una autonomía muy amplia a las tres entidades (Cataluña, País Vasco y Galicia) que ya se proyectaron como autónomas en la anterior experiencia democrática, la Segunda República; pero al resto de regiones se les otorgaría una básica autonomía administrativa.

Ese supuesto constitucional de 1977 era un modelo consecuente con la realidad política e histórica del momento. Seguir las líneas de la Constitución republicana en materia territorial no se vio como opción radical por esos técnicos educados en el franquismo, más bien como algo "natural", en el sentido de proseguir con algo interrumpido bruscamente por la Guerra Civil y la dictadura. En esa constitución republicana se fijaban únicamente tres regiones con derechos autonomistas. Sin embargo, el resultado de las elecciones de junio de ese mismo año (las primeras democráticas del nuevo periodo), con el casi empate técnico entre los centristas de Suárez y los socialistas de González, obligaron al primero a replantear el modelo constitucional que se presentaría.

La necesidad de pactos de Estado con nacionalistas catalanes y vascos, y con los socialistas de toda España, liderados por los andaluces, hizo descartar a Suárez el borrador de Gades porque no satisfacía las aspiraciones de autogobierno en regiones con potencial político en aumento, como Andalucía. La solución de Suárez marcó el nuevo rumbo constitucional, poniendo al frente de la comisión en materia de territorios a un regionalista andaluz, Manuel Clavero. Este abogado sevillano es el autor "ideológico" del concepto "café para todos". Al final se estipuló un articulado en el Título VIII de la Constitución Española con la normativa de organización territorial pautada en artículos (Artículo 143) que posibilitaban a todos los territorios "con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica", acceder a la consideración de Autonomía.

Empleando un dicho muy español, "a toro pasado" las consecuencias se perciben claras y se entienden mejor. Ahora es muy fácil criticar y quejarse sobre el Estado de las Autonomías, porque era lógico que abrir una cafetería al estilo "autoservicio" para todas las regiones obligaba a poner límites allí donde se esperaba más autonomía. La cuestión vasca y catalana hubiese necesitado un tratamiento especial porque sí existían realidades políticas discriminatorias, que ni la dictadura había conseguido eliminar. No se optó por ello porque el sentimiento de libertad e igualdad era tan deseado en todas partes, que privilegiar acciones en ese sentido en Cataluña o Euskadi hubiese sido un punto de conflicto en el desarrollo del proceso democrático. Y evitar obstáculos o frenazos en ese proceso es lo que la sociedad española deseaba en esos momentos, tarea que resultó costosa. Añorar a "Gades" es lo fácil.



Gustavo Adolfo Ordoño ©


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