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Imagen de un archivo de la Administración estatal en España. Fuente de la imagen: Semana Internacional de los Archivos (9-13 de junio de 2025) |
Aprovechando que estamos en la Semana Internacional de los Archivos, en Pax Augusta os proponemos una breve reseña sobre los documentos de relevancia histórica que han sido clasificados y desclasificados durante la historia más contemporánea y llegando a nuestros días
La custodia, conservación y gestión de los documentos es una tarea delicada que ha corrido a cargo de archiveros desde épocas remotas. Recopilar la documentación generada en el gobierno de emperadores y reyes, guardarla y administrarla, solía ser trabajo responsabilidad de chambelanes o secretarios. Una obligación marcada por la misma relevancia de esos tratados, cartas y edictos que influirían en la vida de miles, millones, de personas. Esos «papeles» podían contener cláusulas secretas que ocultaban intenciones aviesas entre dos reinos contra un tercero. Por eso, la mayoría de las ocasiones su acceso era restringido a los gentileshombres de Cámara; elegidos para su custodia y para gestionar su uso diplomático en defensa de los intereses del país.
Con la llegada de la edad moderna y contemporánea, los documentos de carácter político y administrativo fueron aumentando a la par que se desarrollaban las sociedades civiles. Ahora la documentación susceptible de ser clasificada tenía más de un generador. Asuntos diplomáticos, cuestiones internacionales, sucesos de índole militar, podían clasificarse por motivos de seguridad nacional o estrategia política. Fue algo habitual en gobiernos autocráticos, dictaduras o regímenes de partido único. En las democracias liberales, la existencia de material clasificado estará regido por leyes civiles que garantizan un acceso a estos documentos en un periodo razonable, cuando se considera no afectan al interés general y a la seguridad nacional.
De esta manera, en las democracias, la desclasificación de documentos supone un proceso complejo y lleno de trabas. Busca equilibrar el derecho a la información y la transparencia con la necesidad de proteger la seguridad nacional, la privacidad y otras consideraciones sensibles como el tratamiento de datos personales. Sin embargo, por lo general, desclasificar documentación es el objetivo de sociedades civiles con un óptimo desarrollo de los derechos fundamentales. Cuantos más documentos se abran al público, más se permitirá una comprensión profunda de nuestro pasado.
Han sido los Estados Unidos y en Europa los países escandinavos los que han tenido leyes de archivos con menos restricciones a la documentación clasificada. Las llamadas legislaciones de Secretos Oficiales, estipulaban una serie de garantías de acceso a esta información clasificada una vez se cumplieran 25 años; con prórrogas de 10 años más si se consideraba materia «reservada» especial. El caso histórico que mejor ejemplifica el proceso de desclasificación es el asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy (JFK). Este asesinato fue un trauma histórico que ha generado una ingente cantidad de documentación, tanto administrativa como la creada en investigaciones múltiples. Una parte significativa de los registros gubernamentales relacionados permaneció clasificada durante décadas, alimentando una especulación generalizada, desconfianza en la opinión pública y numerosas teorías de conspiración.
En los años noventa, cuando se vencían los 25 años de rigor, se creó por ley la Colección de Registros del Asesinato del Presidente John F. Kennedy. Es un archivo inmenso, compuesto por más de seis millones de páginas de documentos registrados. Desde textos documentales, fotografías, películas, grabaciones de sonido y objetos varios. La Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) de EEUU está haciendo el esfuerzo titánico de digitalizarlos y ponerlos a disposición pública en su totalidad, algo que las últimas legislaciones de desclasificación permiten.
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